Valter Tavarone cuestionó la indemnización de los trabajadores de Agrotécnica Fueguina

El concejal electo Valter Tavarone participó de la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Ushuaia y cuestionó que el municipio deba hacerse cargo de la indemnización a los trabajadores. Por un lado planteó que la indemnización se debe resolver entre empleador y empleados, y no corresponde que la pague el municipio, además observó que se trata de la misma empresa, el mismo servicio, los mismos trabajadores, a quienes incluso se les reconoce la antigüedad.

El Dr. Valter Tavarone, concejal electo por el partido Somos Fueguinos, se refirió por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 a la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Ushuaia en la que se aprobó por mayoría simple, con el doble voto del presidente Juan Carlos Pino, el pago de la indemnización a los trabajadores de Agrotécnica Fueguina. “Estamos hablando de un gasto extraordinario porque no estaba previsto en el presupuesto municipal de este ejercicio. Además el origen de este gasto es la finalización de un contrato que los vinculaba con la empresa Agrotécnica desde el año 2014”, dijo.

Diferenció el escenario de Ushuaia con Río Grande, donde “la asunción del servicio fue por otra empresa distinta –Santa Elena-. Obviamente al cesar la relación laboral por la finalización de la prestación, si se va a despedir a los trabajadores, corresponde la indemnización. Nosotros lo que cuestionamos del acta acuerdo que firmó el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia es que el mismo asciende a la cifra de 980 millones de pesos, en principio porque, si bien hay un pago de tres cuotas y después de 22 cuotas sucesivas, esas cuotas se ajustan por la variación del convenio colectivo de trabajo de Camioneros. Esto, al no estar presupuestado, es ya un tema, porque si bien estamos hablando de gastos ordinarios, el gasto en sí no estaba previsto ni presupuestado, porque es ajeno al canon mensual que debía pagar la Municipalidad de Ushuaia y estaba fijado por el pliego de bases y condiciones de la licitación del año 2014. La gran diferencia con Río Grande es que acá es la misma empresa, el mismo servicio y son los mismos trabajadores. Ni siquiera hay un cambio del directorio de la empresa para justificar eso. El acuerdo fue celebrado entre el sindicato y los empresarios en el Ministerio de Trabajo sin participación del municipio”, sostuvo.

“Nosotros, como concejales electos de la ciudad, no entendemos por qué se tiene que hacer cargo la Municipalidad de Ushuaia de un acuerdo que debe respetarse entre las partes. Esto no es en contra de los trabajadores del sindicato, sino que entendemos que la Municipalidad no tenía por qué hacerse cargo de esta erogación extraordinaria. En realidad van a pagar los vecinos de la ciudad de Ushuaia algo que no estaba previsto. El acta acuerdo que suscribieron los funcionarios municipales, después fue ratificada por el intendente, y se acaba de aprobar con el desempate del presidente del Concejo Deliberante, y esa cantidad de dinero no era un monto que no se podía prever. Acá hay continuidad laboral, no hay despidos, y se trata de un contrato distinto del que originalmente vincula a la empresa pero hay continuidad, ni siquiera los trabajadores pierden la antigüedad. Estamos hablando de un pago extraordinario y es lícito que se acuerde entre las partes que tienen la relación laboral, pero sigo sin explicarme por qué se tiene que hacer cargo la municipalidad de Ushuaia de esa erogación”, remarcó.

“Yo no he visto el pliego de bases y condiciones de la licitación que se adjudicó en 2022, pero el monto mensual a pagar a la empresa por la nueva licitación es de 149 millones de pesos, y el monto anual es de 1.797 millones. Este es el nuevo contrato que se está comenzando a ejecutar durante este ejercicio. El contrato de la licitación anterior, que fue prorrogada en varias oportunidades y cuyos valores fueron actualizados por lo menos en dos oportunidades, sí finalizó, pero no hubo un cese de relación laboral entre los trabajadores de la empresa Agrotécnica y su empleador. Por lo tanto esa indemnización surgió de un pacto privado entre las partes, que hoy es trasladado al municipio, pero en realidad no hay una transferencia de los contratos porque no cambió el empleador y la empresa es la misma, a diferencia de lo que hablamos de la ciudad de Río Grande. No se entiende”, reiteró.

Hizo mención de los antecedentes que pudo recabar “porque estas son prácticas que se vienen aplicando a lo largo y ancho del país”, y citó el caso de la empresa de la ciudad autónoma de Buenos Aires “en la época en que fue jefe de gobierno el señor Macri, pero aparentemente sí había en ese pliego de bases y condiciones de ese contrato una cláusula que establecía esto. Algo similar ocurrió con las municipalidades de Avellaneda y Quilmes, pero en ese caso el servicio prestado por efectores privados terminó y se municipalizó el servicio”, diferenció.

“Esta práctica se define como ley Moyano, pero no tiene un sustento jurídico que surja de la ley de contrato de trabajo y, por lo que yo pude ver, tampoco en el convenio colectivo hay nada que establezca esto. En caso de que haya una indemnización, tiene que ser realizada por el empleador, no por un tercero como la municipalidad de Ushuaia”, sentenció.

Tavarone precisó que esta erogación será abonada “en tres cuotas, una de 42 millones 255 mil pesos y dos de 86 millones 255 mil pesos, y luego en 22 cuotas de 37 millones 564 mil pesos. Además las cuotas serán actualizadas por los incrementos salariales. Además de fijarse nominalmente 980 millones de pesos, se van a ir a más de mil millones las erogaciones a cargo del municipio de Ushuaia o las que está asumiendo el municipio”, estimó.

 

La nota completa podés leerla en Diario Provincia/23

 

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